Ni muertas, ni presas #UnGritoGlobal

Por: Gabriela Gómez @GaGomezT

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día por el Aborto Legal y Seguro. Fue en 1990 en el que varias mujeres reunidas en Argentina durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe decidieron asumir este día como una fecha de incidencia especial por un aborto seguro. El principal argumento para asumir esta medida radica en que el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de muerte de las mujeres.

Este año cientos de organizaciones se han sumado a esta demanda y han realizado incidencia en redes sociales bajo el lema #UnGritoGlobal. En Ecuador las mujeres en sus redes sociales demandan despenalizar el aborto en casos de violación y por inviabilidad fetal. Los hashtag que se utilizaron fueron #AbortoPorViolación y #AbortoPorInviabilidadFetal #28SEcuador.

La despenalización del aborto implica que las mujeres que necesitan un aborto lo hagan en condiciones seguras, acompañadas y sin riesgo de muerte o cárcel. La legalidad no promueve el aborto, por eso en países en el que el aborto es legal, los índices de abortos disminuyen ya que se acompaña de políticas de prevención, educación y planificación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha estado vigilante de lo que sucede en los países con respecto al aborto ilegal y han concluido que hay un mayor número de abortos cuando las leyes son más restrictivas.

Actualmente en el Ecuador el aborto es legal, en dos causales:
Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o para la salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

¿Qué sucede con una mujer que ha sido violada y no tiene una discapacidad mental? Estas mujeres no tienen posibilidad de acceder a un aborto por la restricción legal. En Ecuador 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia según la encuesta del INEC 2010, que al 2017 no se ha actualizado. De estas 1 de cada 4 mujeres han sido agredidas sexualmente. El número de mujeres violadas que sufren discapacidad mental es reducido, dejando a la mayoría de mujeres violadas en la indefensión y sin posibilidad de un aborto en condiciones seguras. Este problema se agudiza cuando las víctimas de violencia sexual son niñas.

La OMS en 2013 presentó cifras a nivel mundial sobre la violencia sexual a niños y niñas. Según las cifras si imaginan un mundo como una habitación con 100 niños y niñas, de estos 27 niñas y 14 niños han sufrido violencia sexual.

Las violaciones sexuales afectan la conducta, las relaciones sociales, la salud mental y física, aumentan la posibilidad de contraer enfermedades de trasmisión sexual sin importar sea mujer u hombre. Sin embargo, por la capacidad de concebir y gestar, las mujeres se exponen a consecuencias mayores como embarazos forzados, abortos inseguros que terminan en muerte y en casos como el de Ecuador y otros países donde está penalizado el aborto, puede también implicar la cárcel.

 

¿Cuál es la realidad de las mujeres en el Ecuador?

El país posee datos que dimensionan la necesidad del acceso a un aborto legal y seguro y, de manera urgente en casos de violación. En apenas 8 meses la Fiscalía ha recibido 110 denuncias por violaciones a menores de 14 años, siendo la provincia del Guayas la de mayor índice de este delito seguida de Pichincha y los Ríos.

Si estas mujeres violadas quedan embarazadas e intentan interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras podrían morir; por otro lado si continúan el embarazo, en el periodo de gestación y parto corren riesgo de morir. Según el INEC en 2016 alrededor 10,532 mujeres estuvieron en riesgo de muerte por causas asociadas a la maternidad y al aborto.

Pero no solo la muerte está cercana a estas mujeres, la cárcel también lo está. Desde 2013 que se aprobó la reforma al Código Orgánico Integral Penal, hasta agosto de 2017 se registran 155 judicializaciones a mujeres que interrumpieron sus embarazos, una vez más Guayas encabeza la lista con mayor porcentaje de mujeres judicializadas por “aborto consentido” según la Fiscalía.

Y, ¿Si estas mujeres que han sido violadas deciden continuar su embarazo? Se exponen a otro escenario, el de la pobreza. La pobreza está ligada a la falta de acceso a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, es común mirar jóvenes, niñas con niños en brazos y en trabajos precarizados; o madres adultas con más hijos de los que sus malas condiciones les permiten mantener. Resulta imposible saber con certeza cuántos de ellos fueron concebidos con decisiones consensuadas, sin violencia sexual. La única certeza es que aquellas mujeres y sus hijos viven condiciones muy distantes a una vida digna.

En el Estudio “Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador” realizado en coordinación entre UNFPA, Sendas, Planed Parenthood Global, Ministerio de Salud Pública y la SENPLADES; con datos recogidos de forma directa desde los establecimientos de Salud, se estima que el costo al que equivale la omisión de Derechos Sexuales y Reproductivos es de $472,9 millones de dólares al año. El costo mayor asciende a $380,7 millones y corresponde a las consecuencias sociales, es decir: deserción escolar, interrupción de los proyectos de vida, falta de acceso a empleo digno, etc. Los costos médicos de atención: partos, cesáreas, atención de abortos incompletos y más, ascienden a $92,7 millones; mientras que el costo más bajo corresponde a la inversión en planificación y prevención que es apenas $27,67 millones de dólares, para cubrir la necesidad total de prevención.

 

 

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