Las recomendaciones en DDHH que Ecuador no aceptó

por Verónica Calvopiña @kinoraxx

video Juan Carlos González @CajuComVisual

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182 recomendaciones recibió Ecuador en el Examen Periódico Universal realizado en Ginebra, el pasado 1 de mayo.

De estas 182 recomendaciones, el Estado Ecuatoriano no acogió 19. ¿Cuáles fueron y porqué la negativa?

 

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Los “incuestionables Derechos Humanos en Ecuador”

Ecuador se sometió por tercera vez al Examen Periódico Universal, EPU, que se realiza a todos los países miembros de la ONU en Ginebra. En representación del gobierno ecuatoriano asistió una delegación conformada por el Canciller Guillaume Long, la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Roxana Alvarado, el Secretario de Comunicación, Patricio Barriga, la Ministra de Justicia Ledy Zuñiga, el Ministro de Seguridad, César Navas y la Embajadora de Ecuador ante la ONU, María Fernanda Espinosa, entre otros.

En su presentación, el Canciller Long habló sobre cifras de reducción de la pobreza, alta inversión en salud y educación, y el avance en derechos para personas con discapacidad. Otro tema fuerte fue la recuperación de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto del 2016.

Sin embargo, frente al informe presentado por organizaciones de la sociedad civil y del resto de países, el Canciller Ecuatoriano manifestó su descontento al afirmar que las observaciones dadas por los demás países se basan en información falsa dada por las ONGs.

“…no todos los comentarios reflejan la realidad de nuestro país, hemos escuchado muchas cosas que pareciera que están hablando de otro país, nos sorprende. Muchas cosas reiteradas que seguramente vendrán de algunos informes de un grupo muy pequeño de la sociedad civil… yo que viajo como Canciller de un espacio a otro, vemos las mismas 3 o 4 organizaciones de la sociedad civil…que expresan el mismo listado de quejas y que luego se recogen en este espacio…”. Canciller Guillaume Long

Elsie Monje, CEDHU

Para la Hna. Elsie Monge de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, al gobierno le costó aceptar la versión presentada en los informes de la sociedad civil, incluso la delegación oficial manifestó que hablaban de otro país. Estas declaraciones para Monge son el reflejo de lo que ha pasado en estos días años de gobierno: “Creo que hay una tendencia a no aceptar que en esta década se ha agudizado la no aceptación de opiniones distintas. Depende cómo se enfoca un problema, porque cuando son criminalizadas, no han cometido ningún crimen las organizaciones que protestan pacíficamente, pero se los ve como criminales, depende de la óptica. Es conveniente promover una actitud de por lo menos, de tolerancia de la opinión ajena, de grandes sectores del país”.

Finalmente en el EPU, Ecuador recibió 182 recomendaciones, pero no reconoció 19 y dejó cuatro recomendaciones pendientes hasta septiembre de 2017, las mismas que tienen que ver con:

– Ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad.

– Cooperar con la Corte Penal Internacional

– Adherir la legislación nacional con el Tratado internacional de armas

– Aplicar una ley para facilitar la investigación, enjuiciamiento y sanción a traficantes de personas.

Estas recomendaciones del EPU se dieron a conocer el 5 de mayo, y al respecto la Coalición de organizaciones de DDHH que formaron parte de esta evaluación dieron a conocer sus impresiones en una rueda de prensa.

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Criminalización: ese tema complicado

Entre los temas no reconocidos durante el EPU por el gobierno ecuatoriano está la criminalización de la protesta y a los defensores de derechos humanos. Daniel Vejar, de la Fundación Regional de Asesoría en DDHH, INREDH, aseguró que de las 189 recomendaciones, 20 tiene que ver con mejorar la situación de los defensores de derechos humanos.

Entre las recomendaciones realizadas por los estados está: la protección de defensores de DDHH de amenazas y hostigamientos, y la garantía de un ambiente favorable para la defensa de derechos. Sin embargo, según Véjar, el Estado Ecuatoriano tiene una actitud ambigua en el tema, por lo que su compromiso frente a estas recomendaciones no convence y más aún cuando se niega a aceptar lo que tiene que ver revisar las leyes que entorpecen la labor de los defensores: “Esta bipolaridad entre aceptar unas recomendaciones y no apoyar otras, si que da cuenta de que en Ecuador no entendemos quiénes son los defensores de DDHH, cuál es su importancia, y cuál es su labor”.

Durante el EPU, el Estado Ecuatoriano negó que existieran defensores de DDHH detenidos, omitiendo casos como el de Stalin Robles, detenido en Pastaza luego del Levantamiento Indígena del 2015. Más bien aseguró que lo que si existen son personas procesadas penalmente por manifestaciones violentas y por secuestro, asesinatos.

Sin embargo, entre las recomendaciones de la comunidad internacional se pide revisar la tipificación de los delitos de Ataque y Resistencia y de Paralización de Servicio Público, contemplados en el COIP; así como la revisión de los Decreto 016 /739, misma que ahora se pretende convertir en ley

Organizaciones como CEDHU e INREDH, llevaron a Ginebra informes relacionados con la situación de los defensores de derechos humanos y sobre casos de graves violaciones de derechos humanos como las desapariciones involuntarias. Sobre estos temas, Ecuador se comprometió con las recomendaciones emitidas.

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Los otros temas pendientes

Los temas mencionados en las 189 recomendaciones formuladas en el EPU al Estado Ecuatoriano tienen que ver con: la independencia de la justicia, la garantía para el trabajo de periodistas y la protección a Derechos de las Mujeres.

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Al respecto, Países europeos como Noruega, Islandia y Slovenia cuestionaron la penalización en casos de aborto por violación. Así una vez más, la ONU volvió a recomendar a Ecuador que se despenalice el aborto en casos de incesto, violación y malformación del feto.

Otro tema sobre el cual las organizaciones ecuatorianas han trabajado son los derechos de los pueblos indígenas relacionados principalmente con la Consulta Previa y el respeto para los Pueblos en Aislamiento Voluntario. Ambos casos cobraron relevancia en estos diez años de la Revolución Ciudadana, sobre todo cuando se dio el visto bueno a la explotación petrolera en el Yasuní y por el avance de los proyectos petroleros en la onceava ronda; ante ello, organizaciones como Terra Mater y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, se han preocupado por analizar la situación de estos derechos, y en especial de la Consulta Previa.

Así Juan Auz de Terra Mater, aseguró que “las recomendaciones sobre temas de pueblos indígenas fueron 19 en total durante este EPU, sobre varios temas educación, fortalecimiento de instituciones de DDHH para la protección de pueblos indígenas, continuación de las políticas de protección, indígenas en aislamiento y consulta previa”. Manifestó su preocupación sobre el hecho que se hayan aceptado recomendaciones relacionadas con promover mecanismos para la consulta previa a desarrollar en conjunto con las organizaciones, pero que no se quiera derogar el Decreto 1247, que para Terra Mater restringe este derecho porque entre otras cosas, no fue consensuado con las comunidades.

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De su parte, Sofía Jarrín de CDES, habló de las recomendaciones dadas sobre pueblos en aislamiento voluntario. Al respecto aseguro que por primera vez en el EPU se recomendó “adoptar medidas adecuadas para garantizar la protección de pueblos en aislamiento voluntario y el respeto a zonas intangibles”.

Sin embargo aseguró que pese a que el Estado Ecuatoriano aceptó las recomendaciones hechas y ya en años anteriores, se han adoptado ciertas medidas a favor de estos pueblos, la mejor forma de protegerlos, es limitando la extracción de recursos en estos territorios: “Esperamos se veten actividades petroleras, turísticas, madereras y otras en territorios de pueblos indígenas en aislamiento”.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y FIAN Ecuador también forman parte de esta plataforma de organizaciones. Estas organizaciones elaboraron informes para el EPU, referentes a los desalojos forzosos y al derecho a la alimentación respectivamente.

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