Ecuador tendrá su examen sobre Derechos Humanos ¿Qué temas están pendientes?

Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx

Ecuador se someterá al Examen Periódico Universal este primero de mayo. Este examen se lo realiza cada cuatro años, el último fue en 2012 donde el Consejo de Derechos Humanos dio 60 recomendaciones que fueron acogidas por el Estado y tres más que el gobierno se negó a acoger. ¿Cuáles son los temas pendientes en Derechos Humanos que Ecuador tendrá que enfrentar en este Examen?

– La importancia del EPU

El Examen Periódico Universal, EPU, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para verificar el avance de los derechos en los 193 países que conforman este organismo. Ecuador por ser signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está obligado a presentarse a este examen cada cuatro o cinco años, en la sede del organismo en Ginebra, desde el 2008.

El avance o cumplimiento de derechos de cada país es analizado por otros países miembros de la ONU, sobre la base de los informes que realiza la sociedad civil y el gobierno de ese Estado. Al final, el Consejo de Derechos Humanos da sus  recomendaciones y exige compromisos al estado evaluado, quien adquiere la obligación de cumplir e informar sobre el avance de estas recomendaciones.

Para el EPU se realizan pre sesiones donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recolecta información de las organizaciones de DDHH del país que va a analizar, sobre posibles violaciones a los derechos y el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la ONU en el último EPU a ese país.

Ecuador se someterá al EPU este primero de mayo. Los países que harán la revisión serán Bolivia, Korea y Costa de Marfil.

– Lo que informó la sociedad civil

En 2016, por el mes de octubre, un grupo de organizaciones sociales de Ecuador entregaron sus primeras contribuciones escritas para el EPU. Los temas que se informaron fueron varios, entre los que destacan: la violación a los derechos de los pueblos indígenas, los desalojos forzados por proyectos mineros; la situación de los pueblos en aislamiento voluntario y; además de las  personas desaparecidas, casos de tortura, femicidio.

Este año en los primeros días de abril, una comisión integrada por representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia de Ecuador, CONFENIAE; el Pueblo Shuar Arutam-PSHA; y Asociación de Mujeres Waorani-AMWAE, acompañados por organizaciones de derechos humanos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh); Fian Ecuador; la Fundación Terramater;  la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, viajaron a Ginebra para reunirse con las relatorías especiales de Derechos Humanos y con representantes de varios países.

Las organizaciones indígenas tuvieron un punto central en su denuncia: la criminalización a la protesta y la solicitud de que se incluya una recomendación específica sobre la amnistía y el indulto para las personas criminalizadas por protestar; además que se revise las políticas de persecución y judicialización de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y de la naturaleza y  la violación del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada a pueblos indígenas en territorios donde el gobierno busca levantar proyectos extractivos.

– Desde el último examen 2012 ¿qué se ha cumplido y qué está pendiente?

El último EPU realizado a Ecuador fue en el 2012 donde se emitieron 134 observaciones y 60 recomendaciones que fueron acogidas por el Estado, y tres más que no contaron con el apoyo del gobierno ecuatoriano.

Los temas que para el gobierno de Ecuador representan un nudo ajustado son: la reforma a la legislación sobre la libertad de expresión; la derogación de leyes que penalizan la opinión y aceptación de las solicitudes de visita de los relatores especiales de la OEA y las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión;  el establecimiento de procedimientos de consulta claros para el ejercicio del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución.

Entre las recomendaciones hechas en 2012 a Ecuador, figuran cinco que exigen el cumplimiento de derechos vulnerados en materia de criminalización. Sin embargo en el marco del actual EPU, organizaciones indígenas volvieron a denunciar la violación de estos derechos, por lo que nuevamente el tema fue nuevamente denunciado y se espera se realicen nuevas recomendaciones al respecto.

– La criminalización y los perseguidos, temas pendientes

Organizaciones indígenas en pre sesión EPU

La CONAIE en la información entregada en abril para el  EPU menciona que las anteriores recomendaciones en materia de criminalización no se han cumplido. En la pre sesión de abril, la representación de la CONAIE aseguró: “nada de esto se ha cumplido. Al contrario, solo en el 2015 y luego del paro nacional 98 personas fueron procesadas dejando hasta el momento 29 sentenciados a prisión de tres meses a cuatro años. Una nueva ola de judicializados se presenta entre 2016 y 2017 con decenas de líderes amazónicos perseguidos tras el Estado de Excepción en Morona Santiago”, según informó la organización indígena en su página web.

Ver nota completa: http://bit.ly/2qlyKhP

En este tema coinciden organizaciones de Derechos Humanos. Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recuerda que se le pidió al  Estado Ecuatoriano: “garantizar una investigación efectiva, imparcial y oportuna de los abusos que comente la policía con el fin de sancionar los responsables y poner fin a la impunidad; esto significa investigaciones exhaustivas de la mala conducta policial, la corrupción, la tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales”.

Menciona que esta recomendación está ligada con la criminalización de la protesta pues busca impedir la impunidad frente a los abusos del poder contra la vida y la integridad de las personas, “modificando la actuación de la fuerza pública, frente al derecho de la ciudadanía a reclamar  derechos porque esa es la contradicción, que reclamar un derecho se vuelve un crimen. Es un derecho decir este es nuestro territorio y no pueden despojarnos  con tanta facilidad para  beneficiar a compañías extractivistas. Es la utilización de la justicia para fines políticos, esto contradice todos los acuerdos internacionales”.

Hmna. Elsie Monge, CEDHU

Otro tema que fue abordado en el EPU del 2012 fue la impunidad frente a asesinatos y ejecuciones de Estado denunciadas en el Informe de la Comisión de la Verdad, hecho que aún está pendiente. Según la Hmna. Elsie Monge, hasta ahora, de los 136 casos documentados por la comisión solo se han judicializado 6, y de los cuales únicamente 2 llegaron a sentencia, pero en el caso de Damián Peña se dio el sobreseimiento  al policía por falta de pruebas por lo que asegura, continúa la impunidad para estas violaciones de derechos.

A estos casos se suman los asesinatos de Freddy Taish y José Tendetza, ambos sucedidos en el marco del conflicto por la minería en territorio shuar. Según la Hmna. Elsie Monge, en ambos casos no han existido mayores avances en la justicia, y asegura que el caso de Tendetza es más grave por la supuesta acción de la empresa: “aquí hay otro elemento grave, la presunción de que los responsables directos fueron miembros de la compañía Ecuacorriente, allí se ve la identificación del Estado con las compañías para reprimir a los que reclaman sus derechos. Este es un caso evidente”. La impunidad en estos casos hizo que fueran nuevamente presentados por las organizaciones de DDHH, en la pre sesión del EPU en abril.

Monge mencionó además que otro aspecto en el que no se ha avanzado es en la reparación tangible e intangible a las víctimas de violaciones de derechos: “En la Ley de Víctimas, la reparación ni siquiera se la ha topado en los casos, porque hay una sentencia, pero la reparación intangible la Defensoría del Pueblo está encargada de eso, su papel sería más proactivo, exigir que las diferentes dependencia del Estado cumplan con la reparación integral, esto no se da. Lo único que se limita a hacer la Defensoría del Pueblo es a recomendar que se acaten las recomendaciones pero no ejerce una exigencia, ni da seguimiento a que se cumplan”.

     Mira la entrevista a la Hmna. Elsie Monge

– Después del EPU ¿qué viene?

La sesión donde se realizará el Examen Periódico Universal a Ecuador durará varias horas. Aquí el Estado Ecuatoriano tendrá que responder a las preguntas y observaciones que le hagan los otros estados y el Consejo de la ONU. Según información oficial del gobierno ecuatoriano, un borrador similar al texto final del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estará listo una semana después del EPU, y el informe oficial de la evaluación, en septiembre.

La nueva revisión de derechos en Ecuador, coincide con el cambio de gobierno. Lenin Moreno, en calidad de vicepresidente encabezó la comisión que fue a Ginebra para el EPU del 2012, ahora será su gobierno quien tenga que acoger las próximas recomendaciones que haga el organismo.

Elsie Monge espera que las recomendaciones de la ONU se tomen más en serio, y que haya cambios verdaderos frente a la impunidad: “yo esperaría que se tomen pasos concretos no solamente en discurso, para desterrar la impunidad, para desterrar la persecución tanto represiva como a través de la justicia a los dirigentes y de las organizaciones campesinas e indígenas afectadas por el extractivismo y de las organizaciones que apoyan su trabajo”.

Considera además que estos cambios van a depender de la acción, presión e incidencia internacional que las organizaciones hagan para que el Estado cumpla con las recomendaciones dadas en el EPU; es un proceso continuo donde primero están las víctimas directas y luego las organizaciones que apoyan este trabajo, por lo que expresa que finalmente, la esperanza está en la lucha por el cumplimiento de los derechos.

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Kinoraxx

Comunicadora Popular. Escribo sobre feminismo, conflictos socioambientales, tecnología libre, política

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